El programa de ampliación de cobertura educativa, que tiene por fuera a 30 mil estudiantes caleños, es investigado por el contralor municipal, Ricardo Rivera. En igual sentido, manifestó, que se esta haciendo un seguimiento porque hay un impacto importante con recursos económicos del Estado.
De la misma manera, sostuvo, que se “está dejando sin garantías a una población sensible como son los niños, quienes tiene prelación, de acuerdo con la Constitución Nacional”. También, resaltó, que es muy importante la calidad educativa, al igual, que el aumento de la población estudiantil. “Lo que no es posible es que ningún niño se quede sin estudiar por cambios en la política pública”, expresó el abogado Rivera.