Con las audiencias ciudadanas realizadas en la Comuna 21 y en el Corregimiento de Navarro, la Contraloría General culminó su recorrido anual por los 15 corregimientos y las 22 comunas del Municipio de Santiago de Cali.

Un total de 111 audiencias fueron realizadas en los últimos tres años, en los que se escucharon no solo las peticiones, quejas y reclamos, sino el sentir de toda una comunidad que clama a diario por una mayor calidad de vida.

En esta ocasión, en la comuna 21 los habitantes dieron a conocer la necesidad urgente de contar con una mayor seguridad. “Estamos presentando una inseguridad tremenda, muchos homicidios y atracos a mano armada entre las calles 116 a la 121. Hemos solicitado la presencia de la Policía, pero hasta el momento no hay respuesta favorable”, señaló César Gil, supervisor de Seguridad Ciudadana de la comuna.

Para el actual personero del Colegio Compartir, Alejandro Britto, la situación es mucho más delicada para toda la comunidad escolar, pues asegura que desde inicio de año diferentes tipos de bandas delictivas han estado hurtando en los alrededores del ente educativo.

“Se le ha hecho el llamado a la Policía, pero hasta el momento no nos han prestado ningún tipo de seguridad. Necesitamos que demuestren que son quienes pueden asegurar nuestro bienestar”, argumentó.

Otra de las quejas presentadas por Sebastián Leal Torres es concerniente a las malas condiciones en que se encuentran los juegos infantiles. “Es debido a ellos que los niños no acuden a los parques, los cuales hoy se prestan para que los jóvenes vayan a fumar sustancias alucinógenas”, insistió.

Corregimiento de Navarro

La audiencia ciudadana en Navarro estuvo presidida por el Contralor Encargado, Diego Fernando Durango. La comunidad insistió en que el tema realmente importante para ellos es la reubicación de su corregimiento.

“En estas reuniones estamos los que peleamos por nuestra realidad, cultura, idiosincrasia y tradición. Con las viviendas productivas nosotros solo pedimos 4 mil metros por familia para poder tener un sitio donde seguir cultivando los frutos y donde meter nuestro ganado. No somos una invasión, somos un corregimiento y eso es lo que no han entendido los del Plan Jarillón”, sostuvo Inés Borrero, presidente de la Junta de Acción Comunal.

Frente a ello María Esther Díaz, coordinadora social del Proyecto Plan Jarillón, aclaró que dicho proyecto es de mitigación de riesgo, no de vivienda, y por lo tanto se mitigará el riesgo de quienes estaban en el momento en que se realizó la verificación del mismo.

“Se realizó una verificación en el 2011 y 2012 en donde se identificaron 8.777 familias en todos los 26 asentamientos a lo largo del Jarillón del Río Cauca y Río Cali. Ese es el universo sobre el que nosotros como funcionarios tenemos que atender. Si hay personas que habiendo nacido o teniendo una vivienda aquí la arrendaron o tuvieron que salir por un tema de seguridad y no está en la base de datos, nosotros lamentablemente no la podemos atender. La opción que tienen las personas es demostrar frente a un juez que sí habitaban el terreno y solo con una orden judicial podríamos incluir a alguien más. Hemos estado desde julio de 2016 reconociendo la situación de las familias y el estado de las actividades productivas”, explicó la funcionaria.